Antes de finalizar 2021 España debe regular los canales de denuncia de la corrupción (más bien de infracciones del derecho en una lista amplia de sectores) en cumplimiento de la Directiva 1937/2019 de la Unión Europea. Según la Directiva deben
Whistleblowing: canales de denuncia abiertos, anonimato y autoridades externas de gestión
